Activistas de la organización Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, lograron encaramarse a la marquesina de la oficina del canal de Isabel II de la Calle Santa Engracia, con una pancarta en la que se podía leer: Agua pública para todos/as. No a la privatización.
Casi a escondidas, el pasado 29 de diciembre se celebró la Asamblea de Madrid donde se aprobó la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad. Las consecuencias de poner en marcha esta Ley serán sumamente graves, ya que a partir del 29 de diciembre de 2008 se inicia la privatización del Canal de Isabel II, es decir se iniciará la privatización del agua en Madrid después de que fuera pública durante más de 150 años.
Con esta privatización se cerrará el grifo del agua pública de calidad, se pondrá un candado al derecho a tener un servicio de agua eficiente y la población será encadenada a las graves consecuencias de privatizar un bien básico para la vida. Por esta razón, la Campaña por una gestión pública del agua en Madrid, y Ecologistas en Acción como parte de ella, ve la necesidad de actuar ya, de hacer público y rechazar la mercantilización del agua, y si el Gobierno de Esperanza Aguirre quiere atar a la ciudadanía a una empresa privada del agua, la Campaña se encadenará a la gestión pública del agua en Madrid.
La privatización conllevará importantes daños medioambientales y sociales tales como el empeoramiento de la calidad del servicio, con el fin de abaratar costes, y para ello recortarán la plantilla de trabajadores y trabajadoras. Esta pérdida de calidad no supondrá una reducción de las ventas de la futura compañía, dado que se trata de un servicio que se aporta en régimen de monopolio, de tal manera que por mucho que empeore la calidad del agua, la población no va a tener más remedio que seguir consumiéndola. Por otro lado, la pérdida de calidad del agua favorecerá el incremento de las compras de agua embotellada. Esto afectará a quién menos recrusos tiene, ya que el agua mineral es muchísimo más cara que el agua municipal, actualmente una familia que utilice agua embotellada durante un mes para beber y cocinar tiene que pagar 75 euros, en cambio si utiliza agua de grifo paga 0,3 euros.
Los daños ambientales serán consecuencia de la eliminación de las campañas de ahorro que disminiurían las ventas de agua de la empresa, de la reducción de la inversión en el mantenimiento y eficacia de las redes de distribución y en la posible construcción de dos embalses que no son necesarios.
A pesar de todo esto, la decisión ha sido tratada como si fuera un trámite administrativo que no modifica gran cosa la vida de los madrileños y madrileñas, así, no se ha tenido en cuenta la opinión de la ciudadanía, no se ha aportado información pública de cómo va a ser el proceso, no hay estudios que justifiquen la venta de la empresa y no ha existido un proceso de debate que permita ver las consecuencias.
A partir de ahora se iniciará una etapa en la que se venderá la empresa al mejor postor, y el interés de las compañías privadas está en proporción al negocio que representa gestionar el agua en Madrid y ser dueños del patrimonio del Canal de Isabel II, es decir, el patrimonio de todos los madrileños y madrileñas. En concreto, se trata de cerca de una superficie de 200.000 m2 en Río Rosas, Bravo Murillo y Plaza Castilla. Mientras la empresa privada se puede beneficiar de su venta y construcción, a la población se va a quedar con los daños medioambientales y sociales.
Tanto Ecologistas en Acción como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos anuncian nuevas protestas y movilizaciones.
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