Viene a decir que los trabajos que impliquen autoridad publica, solamente podrán ser desempeñados por funcionarios y no por una empresa mercantil como trataba de implantar la Junta de Andalucía.
La sentencia confirma que "la protección de los espacios naturales, la defensa de márgenes y encauzamientos hidráulicos, puede suponer el ejercicio de facultades de autotutela, de recuperación y la imposición de sanciones, cuya tramitación corresponde a los funcionarios públicos y a los Agentes de Medio Ambiente...".
En definitiva, una injusticia que ha durado más de 10 años y en la que por fin la justicia ha dado la razón a los agente andaluces. Esta encomienda de gestión de funciones reservadas a empleados públicos ha mermado los medios de estos para el desempeño de sus funciones, ya que el dinero destinado a estos iban (sin fiscalizar, con la consecuente perdida de dinero publico) a estas empresas mercantiles, que disfrutaban de todos los privilegios, los mejores vehículos, la mejor formación, el respaldo etc... en perjuicio de los que verdaderamente tenían que prestarlo y por ende del administrado.
Fuente: AAMAA (Asociación de agentes de medio ambiente de andalucía).
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